Antonio Elorza en El País.
La capacidad del actual gobierno para meterse en camisas de once varas es prácticamente infinita. El último hallazgo ha sido la propuesta de un mea culpa parlamentario por la expulsión de los moriscos en 1609, lo cual, si la cosa se toma en serio, debiera arrastrarnos a una revisión general de la historia de España y de sus antecedentes hasta tiempos de los visigodos, con el fin de no perder demasiado tiempo y publicar la lista de perdones solicitados de una sola vez. No en vano somos el país donde se hurgó siglos atrás en los archivos para probar y contraprobar las situaciones de limpieza de sangre. Aun cuando sólo partamos del siglo XV, por la misma regla de tres que a los moriscos, nos toca pedir perdón a los judíos por su expulsión de 1492 y persecuciones anteriores, a los conversos de judíos secularmente discriminados, a los descendientes de los guanches en Canarias (si hay alguno localizable), a los indios de toda América por el trato dado en la conquista, a los gitanos, a Francia por los vencidos de Bailén abandonados en la isla Cabrera, a Cuba por la reconcentración de Weyler, a Filipinas por el fusilamiento de Rizal. La memoria histórica se convierte así en masoquismo histórico (por mucho que yo comparta la crítica de la citada expulsión de 1609 y de los demás episodios mencionados).
Alzar la bandera de Cataluña contra España no es sólo anticonstitucional, sino antidemocrático
Más allá de los resultados de lo que ya es una crisis anunciada del orden constitucional, el tema del Estatuto de Cataluña responde a esa misma forma de hacer política del presidente Zapatero, lanzándose a tumba abierta en busca de resultados a corto plazo, sin preguntarse por la racionalidad y los costes futuros de cada operación. Nos encontramos ante un embrollo, un maldito embrollo, donde por encima de los inciertos resultados (o desastres) a que se llegue, resulta imprescindible tirar del hilo de madeja y señalar a los causantes de que un problema perfectamente resoluble dentro de nuestro marco legal se haya transformado en un perverso juego político donde todas las combinaciones posibles arrojan una suma negativa. En cualquier caso todos pierden, salvo las opciones extremas.
El voto es el eldorado de Zapatero. Para obtenerlo en Barcelona hizo la insensata promesa de que lo que se atara en Cataluña quedaría atado en Madrid, y más tarde logró a trancas y barrancas gracias a CiU el respaldo a un Estatuto que tampoco satisfacía demasiado en el Principado y cuya constitucionalidad era ampliamente cuestionada, y no sólo por la horda españolista. A quienes ahora opinan que es preciso dar el visto bueno al Estatut por conveniencia política, por ánimo de conciliación, conviene advertirles que el ajuste de las piezas resulta capital para el buen funcionamiento del Estado de las Autonomías, y que los desajustes se pagan con malestar, o "desencuentro" como ahora se dice en plan fino, siendo el único baremo para apreciarlos el Tribunal Constitucional, sobre la base de la prioridad inexcusable del texto de 1978. En ese año hubo una Constitución, no "un pacto" entre iguales, debiendo ser recordado que la bilateralidad es lo propio de las Confederaciones y que en los dos últimos siglos todas han estallado. Antes del parto y después del parto, Zapatero careció además de una sola idea. Sólo maniobras, como la actual duplicidad, lanzando a Chacón contra el PP, mientras él sólo muestra "interés" ante el manifiesto de los diarios.
En tanto que defensor de la fórmula "nación de naciones", que recoge sobre una base empírica y no ideológica el engarce de los procesos de construcción nacional catalán y vasco en torno al eje nacional español -identidades duales y elecciones cantan-, no creo que lo esencial sea la fórmula adoptada en el Preámbulo del Estatut. Puede hablarse así de "nación vasca" y de "nación catalana", sin por ello negar a la nación española. Lo grave es la ulterior puesta en cuestión del ordenamiento constitucional, cuando además, en contra de lo que opina Pérez Royo, la preeminencia de la Constitución hace imprescindible comprobar la constitucionalidad de los Estatutos, si se aprecian contradicciones, a no ser que fragmentemos la soberanía. La democracia es un procedimiento, no unos resultados políticos. Alzar la bandera de Cataluña contra España aquí y ahora no es sólo anticonstitucional, sino antidemocrático. Pero ahí estamos: bilateralidad igual a dos soberanías enfrentadas. Fractura.
Además, cuentan la tardanza en producir la sentencia y las filtraciones. Parece absurdo que haya magistrados en el TC que no tengan, además de la propia, especialización probada en Derecho Constitucional, pero todo queda en segundo plano ante el coste de esta injustificable espera. ¿Quién la provocó? ¿quién hace unas filtraciones orientadas a obstaculizar una declaración parcial de inconstitucionalidad? La información aquí publicada pone de manifiesto que alguien dentro del Tribunal ha vulnerado el deber del secreto por intereses políticos. Esto es intolerable y si el TC funciona así, sembrando por tolerancia pasiva la crispación y el desconcierto entre los ciudadanos, más vale que desaparezca. ¿A quién favorecieron tardanza y filtraciones? La única hipótesis verosímil es que a la opción del Gobierno. Al causante en definitiva del embrollo.
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