La lengua de la enseñanza según el TC

Jesús Royo en La Voz Libre


La sentencia de diciembre de 1994 es la última intervención del Tribunal Constitucional (TC) sobre cuestiones de lengua. Se sometían tres artículos de la Ley de Normalización Lingüística y el resultado fue que los tres eran constitucionales -uno de ellos, con una interpretación restrictiva-. El nacionalismo celebró la sentencia como la convalidación de toda la política lingüística realizada y por realizar en el futuro. El impacto de tal sentencia supuso no volver a cuestionar ninguna ley lingüística: pasó todo el resto de la LNL y su aplicación -la inmersión lingüística, durísima, que, de acuerdo con la doctrina del TC, hubiera sido rechazada-, y la posterior Ley de Política Lingüística -la 'llei del Català'-, cuya impunidad entró en el paquete del pacto del Majestic entre Pujol y Aznar. Pero basta remitirse al texto de la sentencia para comprobar hasta qué punto la práctica lingüística de la escuela catalana y la pretensión del Estatut de convertir el catalán en lengua exclusiva chocan de frente con el marco constitucional. Veámoslo:

(II,6): “El régimen de cooficialidad lingüística establecido por la Constitución y los Estatutos de Autonomía presupone, no solo la coexistencia, sino la convivencia de ambas lenguas oficiales para preservar el bilingüismo en aquellas comunidades Autónomas que cuentan con una lengua propia. [Esta] situación (...) necesariamente conlleva (...) fomentar el conocimiento y asegurar la protección de ambas lenguas oficiales en el territorio de la Comunidad”.

(II,9B): "[De la Constitución y del Estatuto de Cataluña se deriva] el mandato para todos los poderes públicos, estatal y autonómico, de fomentar el conocimiento y garantizar el mutuo respeto y la protección de ambas lenguas oficiales en Cataluña”.

(II,10): Fundamenta la declaración de constitucionalidad en que “ninguna disposición de dicha Ley de Normalización Lingüística [LNL] excluye el empleo del castellano como lengua docente”. O sea, si estuviera excluido -como de hecho lo está- sí sería inconstitucional.

Ibídem: “[En la LNL se establece] un régimen de la enseñanza en el que el catalán y el castellano no sólo son objeto de estudio sino lengua docente en los distintos niveles educativos”.

Ibídem: “Es legítimo que el catalán, en atención al objetivo de la normalización lingüística de Cataluña, sea el centro de gravedad de este modelo de bilingüismo, siempre que ello no determine la exclusión del castellano como lengua docente”. Esta frase fue saludada como la validez de la prioridad del catalán en la escuela. Pero el inciso “en atención al objetivo de la normalización” supone una cláusula de provisionalidad. Más adelante lo aclara: “(...) lo que permitirá corregir situaciones de desequilibrio heredadas históricamente y excluir que dicha lengua -el catalán- ocupe una posición marginal o secundaria”. Eso significa que la prioridad -o sea, la discriminación positiva- no sería aceptable en un texto fundamental como el Estatut, que por naturaleza no debe atender a circunstancias transitorias.

Ibídem: “El precepto [14.2 de la LNL: los niños tienen derecho a recibir la primera enseñanza en su lengua habitual, ya sea ésta el catalán o el castellano] de ningún modo entraña la exclusión de una de las dos lenguas cooficiales en los niveles posteriores a la 'primera enseñanza' como lengua docente”. Se entiende que si entrañara tal exclusión, sí sería inconstitucional.

(II,11): “Aunque no exista un derecho a la libre opción de la lengua vehicular de la enseñanza, ello no implica que los ciudadanos carezcan de derecho alguno frente a los poderes públicos desde la perspectiva del derecho a la educación que el artículo 27 de la Constitución a todos garantiza. Máxime si las actuaciones de normalización lingüística vienen a incidir sobre un presupuesto tan esencial a dicho derecho fundamental como es la lengua en la que debe impartirse la educación”. Por lo visto, nada de esto vale para el actual Estatut.

(II,21): “[En cuanto a su constitucionalidad] ningún reproche puede merecer que en los centros docentes radicados en Cataluña la lengua catalana haya de ser vehículo de expresión normal tanto en las actividades internas como en las de proyección exterior (...) [ya que el] adjetivo normal sólo indica el carácter de lengua usual o habitual (...) [y] no entraña en modo alguno que el catalán haya de ser utilizado como lengua única en las relaciones de los ciudadanos con los centros docentes situados en Cataluña, ni de éstos con aquéllos, con el consiguiente desconocimiento o exclusión del castellano”. Exactamente al contrario de lo que se está haciendo.

Ibídem: “El derecho de las personas al uso de una lengua oficial [es] un derecho fundado en la Constitución”.

Ibídem: “El adjetivo normal [es decir, normal = no excepcional] que utiliza el art.20 de la LNL excluye la idea de deber o imposición [es decir, norma] que justificaría la duda sobre su constitucionalidad”.

Ibídem: “Los particulares [alumnos, padres y familiares] pueden usar la lengua de su elección en sus relaciones con los centros educativos”.

El párrafo final de los fundamentos jurídicos, justo antes del fallo (II,21), como si pretendiera remitirse a lo fundamental, al espíritu de la ley, nos da la clave de la actitud con que el TC interpretó los tres artículos de la LNL como constitucionales: lo hizo para proteger al catalán de una hipotética situación de inferioridad respecto a su categoría de lengua oficial y usual en la sociedad. Porque la escuela debe adaptarse al entorno al que sirve. Dice, textualmente: “Basta observar que si el catalán es lengua cooficial en Cataluña y lengua usual en la sociedad catalana, difícilmente cabe imputar al Centro docente, en atención al uso normal y habitual del catalán, la creación de un entorno que no es distinto al de la propia sociedad a la que sirve”. Intenten construir la frase sustituyendo 'catalán' por 'castellano', que también es lengua oficial y usual. Y compárenlo con la práctica escolar de hoy día en Cataluña -una escuela monolingüe contra un entorno bilingüe- y con la pretensión del Estatuto, artículo 6.1, igualmente alejado de la realidad social. Es evidente que estamos a muchos kilómetros de la Constitución.

El editorial de los tres mil millones de pesetas

La opinión de Juan Antonio Cordero en el Blog de Impulso Ciudadano.

http://www.impulsociudadano.es/2009/11/el-editorial-de-los-tres-mil-millones-de-pesetas/


Hace tan sólo unos días, en el Senado francés se presentó un proyecto de ley orientado a impedir que las empresas o grupos industriales con contratos o relaciones económicas significativas con la Administración pública pudieran controlar medios de comunicación (prensa, televisiones, radios) de carácter privado. El argumento (1) del proponente, el senador socialista David Assouline, se basaba en la defensa de la independencia de los medios de comunicación como pilar de la democracia, y en la imposibilidad de garantizar esa independencia de los medios cuando éstos o sus propietarios dependen en gran medida del poder político, ya sea a través de contratos industriales o de subvenciones y ayudas directas. En Francia, como en cualquier sociedad abierta, la independencia de los medios preocupa porque es considerada imprescindible para un sistema democrático robusto.

En Cataluña, la independencia de los medios también preocupa, aunque en un sentido ligeramente distinto: más que un bien a proteger, es un fenómeno del que recelar, al que se teme y se combate. Con un remarcable éxito, como no se privan de reconocer los responsables gubernamentales (“Podemos ayudar, pero sobre todo, podemos hundir un medio [de comunicación]”, decía el jefe de prensa de Jordi Pujol (2)). Si una ley similar a la que se ha discutido estos días en Francia hubiera sido aprobada en Cataluña, los catalanes nos habríamos levantado al día siguiente en medio de un ensordecedor silencio mediático; tal es el nivel de sumisión del llamado “espacio de comunicación catalán” respecto al poder autonómico. Nos habríamos quedado de repente, por no hablar más que de grandes diarios catalanes, sin La Vanguardia y sin Avui, sin El Periódico de Catalunya, sin El Punt. Más aún: nos habríamos quedado sin el editorial que tales medios, y otros con parecidas servidumbres, lanzaron al mundo el pasado jueves, 26 de noviembre.

Este editorial, que se tituló “La dignidad de Cataluña”, ha costado a los catalanes cerca de tres mil millones de pesetas. 17,6 millones de euros, si se prefiere. Ese es el dinero público que la Generalidad derramó el año pasado entre los diarios catalanes, fundamentalmente entre los más afines al nacionalismo (3). Ese es también el precio de la indignidad de Cataluña (sin comillas), al menos, de la Cataluña revelada que habla por boca de los famosos doce diarios en nombre de todos los catalanes. Una Cataluña que, en el mejor de los casos, representa al escaso 36% de los ciudadanos catalanes que apoyaron en las urnas el Estatuto de Autonomía de 2006, tras tres años de intenso bombardeo político-mediático; y en el peor, al puñado de familias que en el Principado trajinan y se reparten indistintamente el poder político, económico, mediático y el de la llamada “sociedad civil”, cuyo fresco más conseguido probablemente sea el de los detenidos en las operaciones Pretoria y Orfeó Català, Millet y Montull, Muñoz, Alavedra y Prenafreta. Una Cataluña que lleva viviendo treinta años (o más) del monopolio de las grandes palabras y de la exclusión sistemática de la mayoría de ciudadanos catalanes, y que ahora vuelve a impostar la voz para hablar en nombre de gente (los ciudadanos catalanes) a la que, como en la canción de Serrat, no tienen el gusto de conocer.

El editorial de los tres mil millones de pesetas. Como todas las cifras y titulares redondos, se imponen algunas aclaraciones. La primera es que, por supuesto, “La dignidad de Catalunya” no es el único pago de la prensa agraciada por los favores de la Generalitat a los conglomerados mediáticos catalanes; en realidad, la complacencia de los periódicos catalanes respecto al mando en plaza (tanto con socialistas como con convergentes), el gregarismo y la exclusión mediática de la oposición al turnismo catalán son fenómenos bien conocidos y han quedado en evidencia en muy numerosas ocasiones, aunque en pocas con el desparpajo con el que se muestra ahora. La segunda es que la cifra se refiere únicamente a subvenciones directas en un solo año, 2008 (el último del que hay cifras globales). Sí se conocen algunos datos de 2009 (4): 1,4 millones para el Punt (más de 4 euros de subvención por ejemplar vendido), 1,3 para El Periódico de Catalunya, 1,1 para el varias veces quebrado, y siempre rescatado a costa del erario público, diario Avui. Otros años el reparto ha sido aún más suculento (32 millones de euros en 2003). Y la subvención pura y simple no es, desde luego, la única forma de garantizarse la docilidad de los medios: hay otros instrumentos económicos (publicidad institucional, suscripciones colectivas de centros públicos, bibliotecas, etc.) o directamente para-policiales (listas negras gubernamentales, informes reservados de la Generalidad sobre el nivel de “afección” de medios y periodistas al régimen, por citar un par de ejemplos) de los que el nacionalismo gobernante ha hecho uso sin reparos para mantener la placidez de las aguas del oasis mediático catalán. El simple vistazo a las subvenciones directas anuales y sus mareantes magnitudes es, sin embargo, suficientemente revelador del sarcasmo que supone hablar de independencia y representatividad al referirse a la prensa catalana – y más en concreto a la prensa catalana que firma el editorial (no en vano la lista de medios más beneficiados por estas “ayudas” corresponde casi milimétricamente a la de agradecidos “abajofirmantes” del texto).

II

Conviene, por tanto, situar la iniciativa en su justa medida; y a los promotores declarados, en su justo lugar. Pese a la autocelebración nacionalista del mito de la “sociedad civil en marcha”, que sale en tromba en defensa del Estatuto catalán, lo cierto es que el ampuloso editorial tan sólo evidencia hasta qué punto los diarios catalanes (buena parte de ellos) se han convertido en obedientes terminales mediáticas del nacionalismo hegemónico. Y evidenciará, a través de sus fogosas adhesiones, hasta dónde llegan los tentáculos de un poder que emplea el dinero de todos en proteger los privilegios de unos pocos. Ni existe ni ha existido en Cataluña ninguna presión cívica o social a favor de la reforma estatutaria, porque ésta apareció desde el principio como una extravagancia ajena a las preocupaciones más importantes de los ciudadanos catalanes, impuesta por los intereses de una clase política carente de ideas y cuyo debate se ha prolongado agónicamente durante tres agotadores años (que han continuado después con parecida tónica) en los que se ha mezclado la irresponsabilidad con el tacticismo, la mezquindad con la torpeza y la frivolidad con el cinismo.

La reacción de los catalanes ante el penoso espectáculo dado por sus políticos en la legislatura estatutaria, y en sus infinitas derivaciones, es tan nítida que no hace falta ningún intérprete de su signo: la verdadera actitud de la verdadera sociedad civil catalana respecto al Estatuto, sus instigadores, sus artífices y sus cómplices se concretó en una abstención mayoritaria y récord, un respaldo sorprendentemente bajo en las urnas (habida cuenta de la unanimidad de la Cataluña oficial) y una desconfianza histórica hacia los partidos, los dirigentes y las instituciones autonómicas, que no ha hecho más que acrecentarse con las peripecias estatutarias posteriores. Si los responsables mediáticos estuvieran realmente preocupados por la “dignidad de Cataluña”, sea lo que sea tal cosa, harían bien en buscar noticias de su funeral en los archivos de esa época y pedir responsabilidades por su asesinato a los que hoy les pasan, complacidos, la mano por el lomo.

No es el caso, por supuesto. En lugar de ello, el storytelling puesto en marcha por Montilla, sus editorialistas de cabecera y, en general, la poliédrica maquinaria propagandística del nacionalismo ha invertido ingentes cantidades de audacia y creatividad en hacer pasar lo blanco por negro. Porque se requiere audacia para convertir el hastío generalizado de los catalanes con la clase política implicada en el Estatuto (Montilla a la cabeza); en una misteriosa “desafección” hacia España de la que Montilla es sumo sacerdote, y que irá a más (se dice) si los mismos políticos que han agotado la paciencia de los catalanes durante tres largos años no se salen con la suya en su chantaje a las instituciones del Estado. Hace falta valor para pretender que la sociedad catalana, que respaldó masivamente la Constitución Española (91% de votos a favor, 67% de participación) y se abstuvo también masivamente en el Estatuto de 2006 (78% de votos a favor, 49% de participación), va sin embargo a enfrentarse al TC por hacer su trabajo y poner a los políticos catalanes (y a sus necesarios cómplices en las cúpulas de los principales partidos nacionales) ante su propia responsabilidad, la de haber hecho perder a los catalanes una legislatura y media en conflictos identitarios que sólo interesan a quienes los atizan, la de haber azuzado frívolamente el enfrentamiento entre catalanes, con los demás españoles y con las instituciones del Estado para tapar una mediocridad tercermundista, especializada de utilizar el poder autonómico para dividir a los ciudadanos catalanes en lugar de velar por su cohesión y su progreso. Y hace falta descaro para llamar gravemente “sociedad civil” a lo que no es más que el embozo que emplean los partidos catalanistas para seguir marcando la agenda política cuando su descrédito y la “desafección” de los ciudadanos son demasiado acusados para poder hacerlo a cara descubierta.

No hay ninguna originalidad en el editorial único de las doce cabeceras. Todo suena a dicho y redicho, manoseado, gastado, vacío. Langue de bois (lengua de madera) en estado puro. Los lugares comunes, las medias verdades y las falsedades enteras, el empalagoso lloriqueo, las lágrimas de cocodrilo, los sofismas y las dulzonas amenazas veladas que arman el mensaje del artículo; si hay alguna novedad, es quizá la tosquedad y la falta de finezza de la maniobra orquestada por el conglomerado político-mediático nacionalista. Por eso mismo resulta agotador detenerse a rebatir una y otra vez las mismas falacias, tan pobremente argumentadas como es habitual, sólo porque al poder nacionalista, tan sobrado de medios como siempre, se le agotan las ideas, las razones y el propio futuro, y no se le ocurre nada mejor para alejar a sus fantasmas que subir el volumen y dejar sonar el mismo disco que lleva atronando los sufridos oídos de catalanes y no catalanes desde hace ya demasiados años.

Es agotador insistir en lo obvio contra lo obstinadamente tramposo, pero hay que hacerlo; porque si es grave que un medio de comunicación intoxique, aún lo es más que varios de ellos se pongan de acuerdo para lanzar sobre la sociedad catalana y española una cortina de tinta y humo con la que cubrir la retirada de una clase política que debería rendir cuentas por una vez ante los ciudadanos, en lugar de seguir jugando al escondite. Hay que reiterar, por ejemplo, que los catalanes pagamos impuestos exactamente igual que la inmensa mayoría de los demás ciudadanos españoles, y que el “privilegio foral” es en España una excepción que el nacionalismo querría convertir en norma, pero que otros desearíamos ver convertida en historia. Hay que insistir en que los catalanes nos enfrentamos a la “internacionalización económica”, ciertamente, sin los cuantiosos efectos de la capitalidad de un Estado (en eso estamos como la inmensa mayoría de los demás españoles), pero con el lastre agregado de una política provinciana, reaccionaria, mezquina, excluyente y torpe que nos obliga a girar eternamente en la noria de la identidad, que constituye el verdadero y vergonzante “hecho diferencial catalán”, inédito más allá del Ebro: una política de la que la máxima expresión es precisamente el Estatuto de Autonomía que el TC sigue examinando, y de la que los máximos responsables no están en Madrid (como no sea por omisión), sino mucho más cerca. Hay que volver a decir que los catalanes no hablamos una lengua, sino dos; y que no aspiramos en modo alguno a que la lengua “sea amada” (allá cada cual con sus afectos), como empalagosamente pretende el editorial; sino que nos limitamos a exigir que ambas se respeten sin imponerse, porque esa y no otra es la “identidad catalana”, plural y bilingüe, que se protejan los derechos de los hablantes de una y otra lengua en lugar de excluir, como excluye el Estatuto y llevan excluyendo los políticos regionales desde el principio de la autonomía, a más de la mitad de los catalanes por hablar principalmente una lengua “impropia” que comparten con todos los demás españoles.

Hay que decir, sobre todo, que las pensamientos de los catalanes están “ante todo” en los mismos sitios que la de los españoles de otras regiones: en el impacto de la crisis en nuestras vidas, en la hipoteca, en los riesgos para el empleo, en la calidad de la educación, en la persistencia en Cataluña de desigualdades según dónde nazcas, dónde crezcas, qué hables. En el culto subvencionado a una patria que da miedo. En la desnaturalización de una democracia cuyo nombre se toma en vano para crear problemas nuevos y sacar tajada de los existentes, pero nunca para resolverlos; una democracia que se encoge ante cada avance de la tribu, de la intimidación y del chantaje que aguardan su turno en el caballo de Troya del Estatuto; una democracia que palidece ante el obsceno amancebamiento entre poderes, entre intereses públicos y privados, entre “políticos y periodistas”, como denunciaba recientemente Josep Cuní y ratifica el editorial de las doce cabezas. La dignidad de cada ciudadano de Cataluña es suya, personalísima e intransferible, y el grosero intento de instrumentalizarla y ponerla al servicio de intereses políticos particulares y perfectamente identificables revela una falta de escrúpulos por parte de los editorialistas que haría enrojecer a cualquier demócrata.

III

La carga en profundidad del editorial se condensa en sus tres últimos párrafos. Se presenta como una coacción en toda regla al Tribunal Constitucional, dentro del esquema clásico de la literaria confrontación entre una Cataluña felizmente pastoreada por los editorialistas y sus patrones, y una España unida en su ferocidad anticatalana. El nacionalismo cultiva con esmero esta imagen, este choque de trenes que sobrevuela todo el editorial. Tanto es así, que buena parte de la sociedad catalana y española, tanto la más comprensiva con el nacionalismo como la más beligerante, ha acabado asumiéndola.

Es, sin embargo, otra de las ficciones nacionalistas que han invadido el debate político catalán en las últimas décadas. El enfrentamiento ficticio entre Cataluña y España esconde una pugna entre catalanes; más concretamente, entre la voluntad excluyente, monopolística y uniformizadora del nacionalismo y la realidad plural, diversa y libre de una sociedad catalana dinámica y abierta que no se reduce a una sola lengua, que no se resigna al pensamiento único identitario, que se niega a vivir permanentemente entre la nostalgia, el resentimiento y el miedo y que no tiene necesidad de negar ni sus lazos con el resto de España, ni su propia pluralidad de ideologías, de identidades y de formas de vivir. El nacionalismo no puede aceptar esa pluralidad porque el monopolio del “ser” catalán es lo único que le impide aparecer ante la sociedad como lo que es, una estructura de poder sin más objetivo que la conservación de sus privilegios, la defensa de sus intereses de clase y la reproducción del puñado de familias que hacen y deshacen a la sombra de la bandera cuatribarrada… o de cualquier otra. Pero esa pluralidad existe y existe con naturalidad, como cualquiera que conozca Cataluña puede comprobar en la calle, en los comercios, en cualquier ámbito ajeno al entramado oficial catalanista. El conflicto entre la Cataluña que es y la Cataluña que el nacionalismo quiere que sea es insoslayable, y en realidad lleva soterrado, aunque latente, más de treinta años. Es ese conflicto el que explica que la sociedad catalana sea favorable a un sistema educativo bilingüe mientras la clase política nacionalista se empeña en diseñar una “sociedad civil” de cartón-piedra que defiende con disciplina militar la exclusión de la lengua mayoritaria de la educación. Es ese conflicto el que explica que los ciudadanos se consideren sin problemas catalanes y españoles (como reconoce amargamente el líder del primer partido –nacionalista– catalán, Artur Mas (5)), mientras los líderes políticos oscilan entre la amenaza y el fomento de la identidad catalana construida sobre la negación de España. Es ese conflicto el que explica por qué, en definitiva, la furia desesperada del establishment catalán, que moviliza todos sus cartuchos a favor de un Estatuto de Autonomía manifiestamente inconstitucional, contrasta tan vivamente con la indiferencia de una ciudadanía que ni lo deseaba, ni lo consideró relevante, ni se preocupó de votarlo, ni desde luego moverá un dedo para salvarlo de nada. A lo sumo, lo moverá, si el TC hace su trabajo, para felicitarse discretamente por el final de la alocada carrera a ningún sitio que ha supuesto la reforma estatutaria y volver tranquilamente al trabajo.

IV

Pese a todos sus recursos económicos, políticos y mediáticos, pese a la enorme cantidad de ficciones que se pueden construir desde los despachos oficiales del poder autonómico, pese a las “sociedades civiles” más o menos fantasmales que se pueden invocar para que acudan al rescate de sus derrapes identitarios, el nacionalismo hegemónico, ese que se mueve como pez en el agua igual en partidos, sindicatos y patronales, en los pasillos del Parlament y de los palacios de la Plaza San Jaime, en las escalinatas del Palau de la Música o en las redacciones de los grandes periódicos, radios y televisiones; ese nacionalismo es consciente de que en la pugna que sostienen sus ensoñaciones fantasmagóricas contra la sociedad de ciudadanos de carne y hueso, la realidad y su espontánea diversidad tienen el futuro de su parte y todas las de ganar. Por eso recurren, por eso han recurrido históricamente a las instituciones del Estado para que Madrid apuntale una posición que están muy lejos de tener garantizada en Cataluña. Y los grandes partidos nacionales se han prestado a ello: a cambio de diferentes prebendas y favores, la clase política nacional ha preferido proteger el imperio del nacionalismo en Cataluña y validar su estrategia de exclusión y homogenización social. “Pacta sunt servanda”, recuerdan quejosos los editorialistas: éstos son los misteriosos “pactos profundos que han hecho posibles los 30 años más virtuosos de la historia de España” que el editorial agita ante el TC. Unos pactos que no tienen, por supuesto, nada que ver con el gran Pacto cívico entre ciudadanos que dio lugar a la Constitución de 1978, contra el que el Estatuto y toda la estrategia nacionalista atenta con ostentación y jactancia; sino más bien con el cínico reparto de influencias entre dos oligarquías políticas que prometen no interferir en los negocios del otro e ir a medias en los beneficios.

El nacionalismo vuelve a pedir ayuda al Tribunal Constitucional. De forma desabrida y altisonante, con esa insidiosa combinación de zalamería e intimidación que tan bien maneja el catalanismo cuando trata con “Madrid”; pero vuelve a pedir ayuda para que el máximo intérprete de la Constitución cierre los ojos al despropósito que tiene ante sí y dé luz verde a un Estatuto de Autonomía que culmina la estrategia de erradicación o invisibilización de la pluralidad catalana, de exclusión de las identidades no nacionalistas en Cataluña, de marginación de la lengua propia de la mayoría de ciudadanos catalanes, de silenciación de la disidencia, de asfixia de la Cataluña libre y mestiza que late en la calle en beneficio de la Cataluña pequeña, tristemente pura, que han diseñado en los despachos. El TC no tiene que valorar si acepta o no las demandas anticonstitucionales de Cataluña; si no, más bien, si toma o no toma partido a favor de la oligarquía nacionalista que habla desde hace décadas en nombre de Cataluña, que desde hace décadas se sirve de ella (de sus ciudadanos) y desde hace décadas conspira contra su diversidad, sangra sus recursos (humanos y materiales), penaliza la discrepancia y excluye al discrepante, boicotea su progreso y busca la manera de hacerla encajar en sus rígidas fantasías.

Hay un solo punto en el que el editorial de las doce cabezas tiene razón: el reto que el Tribunal Constitucional tiene ante sí no se limita a resolver el recurso de un partido político contra una ley orgánica. El sistema constitucional español y su jerarquía normativa, la viabilidad del Estado autonómico y la vigencia de los principios clásicos de imperio de la ley, igualdad de los ciudadanos y no-discriminación dependen en buena medida de este fallo. Pero la sentencia, vista desde Cataluña, tiene otra implicación. La propuesta-exigencia del editorial es que todos esos principios se guarden en un cajón al tratar del Estatuto, y que éste sea validado por el TC como fruto de un pacto político entre el nacionalismo y la clase política española que está por encima de cualquier otra consideración. Lo que equivale a alinear definitivamente al TC, y con él al conjunto de las instituciones constitucionales, en la trinchera de un nacionalismo y un entramado político-mediático cada vez más alejados de los ciudadanos de Cataluña, de sus aspiraciones, de sus prioridades y de sus esperanzas.

La “desafección” se hizo famosa a raíz de unas declaraciones de José Montilla. Aunque no en el sentido que le quiso dar, la “desafección” es un fenómeno real en Cataluña: se concreta en la brecha creciente que se está abriendo entre ciudadanos catalanes y poder autonómico, que ha crecido en los últimos años hasta niveles realmente preocupantes y que tuvo su culminación en el desencuentro entre ciudadanía y clase política a cuenta precisamente del Estatuto. Al Tribunal Constitucional le corresponde, en buena parte, atajar esa desafección y restablecer el principio de realidad que el Estatuto ha intentado disolver, o bien agravarla y extenderla no sólo al conglomerado de intereses políticos, económicos y mediáticos que operan a nivel autonómico, sino también al núcleo del Pacto Constitucional y a las instituciones del Estado que de él se derivan.

Catalunya o la caja de Pandora

Antonio Elorza en El País.

La capacidad del actual gobierno para meterse en camisas de once varas es prácticamente infinita. El último hallazgo ha sido la propuesta de un mea culpa parlamentario por la expulsión de los moriscos en 1609, lo cual, si la cosa se toma en serio, debiera arrastrarnos a una revisión general de la historia de España y de sus antecedentes hasta tiempos de los visigodos, con el fin de no perder demasiado tiempo y publicar la lista de perdones solicitados de una sola vez. No en vano somos el país donde se hurgó siglos atrás en los archivos para probar y contraprobar las situaciones de limpieza de sangre. Aun cuando sólo partamos del siglo XV, por la misma regla de tres que a los moriscos, nos toca pedir perdón a los judíos por su expulsión de 1492 y persecuciones anteriores, a los conversos de judíos secularmente discriminados, a los descendientes de los guanches en Canarias (si hay alguno localizable), a los indios de toda América por el trato dado en la conquista, a los gitanos, a Francia por los vencidos de Bailén abandonados en la isla Cabrera, a Cuba por la reconcentración de Weyler, a Filipinas por el fusilamiento de Rizal. La memoria histórica se convierte así en masoquismo histórico (por mucho que yo comparta la crítica de la citada expulsión de 1609 y de los demás episodios mencionados).



Alzar la bandera de Cataluña contra España no es sólo anticonstitucional, sino antidemocrático

Más allá de los resultados de lo que ya es una crisis anunciada del orden constitucional, el tema del Estatuto de Cataluña responde a esa misma forma de hacer política del presidente Zapatero, lanzándose a tumba abierta en busca de resultados a corto plazo, sin preguntarse por la racionalidad y los costes futuros de cada operación. Nos encontramos ante un embrollo, un maldito embrollo, donde por encima de los inciertos resultados (o desastres) a que se llegue, resulta imprescindible tirar del hilo de madeja y señalar a los causantes de que un problema perfectamente resoluble dentro de nuestro marco legal se haya transformado en un perverso juego político donde todas las combinaciones posibles arrojan una suma negativa. En cualquier caso todos pierden, salvo las opciones extremas.

El voto es el eldorado de Zapatero. Para obtenerlo en Barcelona hizo la insensata promesa de que lo que se atara en Cataluña quedaría atado en Madrid, y más tarde logró a trancas y barrancas gracias a CiU el respaldo a un Estatuto que tampoco satisfacía demasiado en el Principado y cuya constitucionalidad era ampliamente cuestionada, y no sólo por la horda españolista. A quienes ahora opinan que es preciso dar el visto bueno al Estatut por conveniencia política, por ánimo de conciliación, conviene advertirles que el ajuste de las piezas resulta capital para el buen funcionamiento del Estado de las Autonomías, y que los desajustes se pagan con malestar, o "desencuentro" como ahora se dice en plan fino, siendo el único baremo para apreciarlos el Tribunal Constitucional, sobre la base de la prioridad inexcusable del texto de 1978. En ese año hubo una Constitución, no "un pacto" entre iguales, debiendo ser recordado que la bilateralidad es lo propio de las Confederaciones y que en los dos últimos siglos todas han estallado. Antes del parto y después del parto, Zapatero careció además de una sola idea. Sólo maniobras, como la actual duplicidad, lanzando a Chacón contra el PP, mientras él sólo muestra "interés" ante el manifiesto de los diarios.

En tanto que defensor de la fórmula "nación de naciones", que recoge sobre una base empírica y no ideológica el engarce de los procesos de construcción nacional catalán y vasco en torno al eje nacional español -identidades duales y elecciones cantan-, no creo que lo esencial sea la fórmula adoptada en el Preámbulo del Estatut. Puede hablarse así de "nación vasca" y de "nación catalana", sin por ello negar a la nación española. Lo grave es la ulterior puesta en cuestión del ordenamiento constitucional, cuando además, en contra de lo que opina Pérez Royo, la preeminencia de la Constitución hace imprescindible comprobar la constitucionalidad de los Estatutos, si se aprecian contradicciones, a no ser que fragmentemos la soberanía. La democracia es un procedimiento, no unos resultados políticos. Alzar la bandera de Cataluña contra España aquí y ahora no es sólo anticonstitucional, sino antidemocrático. Pero ahí estamos: bilateralidad igual a dos soberanías enfrentadas. Fractura.

Además, cuentan la tardanza en producir la sentencia y las filtraciones. Parece absurdo que haya magistrados en el TC que no tengan, además de la propia, especialización probada en Derecho Constitucional, pero todo queda en segundo plano ante el coste de esta injustificable espera. ¿Quién la provocó? ¿quién hace unas filtraciones orientadas a obstaculizar una declaración parcial de inconstitucionalidad? La información aquí publicada pone de manifiesto que alguien dentro del Tribunal ha vulnerado el deber del secreto por intereses políticos. Esto es intolerable y si el TC funciona así, sembrando por tolerancia pasiva la crispación y el desconcierto entre los ciudadanos, más vale que desaparezca. ¿A quién favorecieron tardanza y filtraciones? La única hipótesis verosímil es que a la opción del Gobierno. Al causante en definitiva del embrollo.

Mi dignidad

Francesc de Carreras en La Vanguardia.


Doce diarios de Catalunya, entre ellos La Vanguardia, publicaron el jueves un editorial conjunto titulado “La dignidad de Catalunya”. Que unos medios de comunicación se arroguen la defensa de la dignidad de un pueblo creo que excede el papel que les corresponde. Que lo hagan conjuntamente evidencia que el pluralismo ideológico tiene en Catalunya el límite de una identidad colectiva que unos pocos han definido y que no puede ser puesta en cuestión. Que se quiera imponer este límite al mismo Tribunal Constitucional, supone una coacción indebida y un grave quebranto de las reglas de juego del Estado de derecho. Desde hace ya mucho tiempo, algo huele a podrido en la vida política catalana. El aplauso de la clase política al editorial es una sonrojante muestra del papel que ha desempeñado en el asunto.

Yo no pretendo hablar de algo tan misterioso como la dignidad de Catalunya sino, simplemente, de mi dignidad como columnista que está en desacuerdo con lo expresado en el editorial conjunto y quiere exponer las razones de este desacuerdo porque, en otro caso, se sentiría indigno. No acabo de entender muy bien qué es la dignidad, pero entiendo perfectamente qué es la indignidad, tengo claro quiénes son indignos y no quiero ser uno de ellos.

El editorial puede ser examinado desde muchos puntos de vista, optaré por abordarlo desde el derecho constitucional, en el que muestra un déficit lamentable de conciencia democrática. Respecto a hechos objetivos, no es cierto, como dice el editorial, que Catalunya sea definida en el Estatut como nación, ni en el preámbulo ni, menos aún, en el articulado, donde precisamente es definida como nacionalidad en su artículo 1.

Yendo a cuestiones valorativas, es contradictorio decir que les resulta inquietante que el tribunal haya sido empujado –¿por quién?– a actuar como “cuarta cámara”, es decir, como poder legislativo y no como jurisdicción, cuando después se le demanda al tribunal que “decida atendiendo a las circunstancias específicas del asunto”, recordando que el Estatut es “fruto de un doble pacto político” y que “no va a decidir solamente sobre un pleito” sino sobre “la dimensión real del marco de convivencia español”, con alusiones también a que “están en juego” unos misteriosos “pactos profundos” que han hecho posible la actual democracia. Este lenguaje críptico sólo parece pretender que el tribunal incumpla su estricta función de determinar la constitucionalidad de unos preceptos jurídicos y lleve a cabo un juicio político, incumpliendo así con las competencias que tiene asignadas y vulnerando la división de poderes, un principio básico del Estado de derecho.

Si el editorial quiere defender la dignidad de Catalunya, bórrenme de esa Catalunya, yo me apunto a otra distinta en la que espero vivir con dignidad y en la que estoy seguro no me encontraré solo.

La lengua de enseñanza en la legislación de Cataluña

Jesús Royo en La Voz Libre


El derecho a la enseñanza de y en la lengua materna está reconocido por multitud de órganos internacionales. Algunos de ellos comprometen al Estado Español.

Incluso el Parlamento Europeo, (10.11.2005), define la comunicación en lengua materna como una "competencia clave" que la escuela debe promover, incluso si esa lengua no es oficial. Podría ser que, incluso más allá del Constitucional, otros tribunales internacionales -de Europa, de los derechos humanos, contra el racismo- obligaran a modificar el articulado del Estatut.

Pero ciñéndonos al Constitucional (TC) y su doctrina, hay argumentos de sobra que prohíben que el catalán sea 'la' lengua exclusiva de la enseñanza.

En las sentencias del TC 83/1983, 88/1983, 82/1986 y 84/1986, se considera que el deber de conocimiento sólo puede predicarse del castellano y no de las demás lenguas oficiales, invocando los trabajos de elaboración de la Constitución. Aunque limita ese deber a "la presunción de conocimiento de la que se deriva la imposibilidad de alegar válidamente su desconocimiento", con él se obliga al Estado a la enseñanza de y en castellano en todo el territorio. La sentencia 84/1986 declara inconstitucional el deber de conocer el gallego, de la Ley de Normalización lingüística del Parlamento de Galicia.

Sentencia del TC 6/1982: "corresponde a la Alta Inspección Educativa en materia de enseñanza no universitaria velar por el respeto a los derechos lingüísticos -entre los cuales está, eventualmente, el derecho a conocer la lengua peculiar de la propia Comunidad Autónoma-, y en particular, el de recibir enseñanza en la lengua del Estado".

El propio Parlamento de Cataluña, en las alegaciones a la cuestión de constitucionalidad de la Ley de Normalización Lingüística (14.4.1994), opina que no se puede imponer el uso activo del catalán a los alumnos -excepto en la asignatura de catalán, por motivos pedagógicos-.

Ibídem (III,6), el Parlament interpreta la Sentencia 6/1982 del TC, en concreto el sintagma "derecho a recibir enseñanza" en castellano, en el sentido de que "puede admitirse desde el punto de vista constitucional que se imparta sólo una parte de la enseñanza en castellano". Luego no puede admitirse que no se imparta ninguna parte en castellano.

Ibídem (2.2), el Parlament expone que el uso del catalán en la enseñanza es constitucional porque no afecta a la integridad moral de los alumnos. Pero "cuestión diferente sería que se desprendiera una imposición del uso del catalán a los alumnos... que limitara el uso del castellano entre aquéllos". Eso sí sería inconstitucional.

Ibídem, para justificar la constitucionalidad del art. 20 de la Ley de Normalización, el Parlament muestra que "en ningún momento se califica al catalán como lengua exclusiva, obligatoria o única". Para el Parlament, la expresión "debe hacer -del catalán- vehículo de expresión normal" sólo significa "un simple mandato de fomento", por lo que "en ningún momento podría considerarse excluido el uso del castellano en los centros docentes".

La Generalitat, en las alegaciones ante la misma causa, (14.4.1994), argumenta que "la enseñanza básica -tiene un- carácter fundamental para llegar a conseguir una futura sociedad catalana efectivamente bilingüe", "la ley es garante de conocimiento y uso en plano de igualdad del catalán y el castellano", "-el sistema de conjunción lingüística- comporta la obligación... de recibir la enseñanza en catalán y en castellano". Declaraciones babélicas al cien por cien, que nada tienen que ver con la escuela catalana y el articulado del Estatut actual.

Ibídem, el Gobierno catalán niega de hecho la práctica de la inmersión desde parvulario, ya que la Ley de NL tiene por objeto "garantizar que los niños que tienen el catalán como lengua materna puedan recibir la primera enseñanza en su lengua habitual, de la misma manera que los niños que tienen el castellano como lengua materna puedan recibir las primeras enseñanzas en castellano". Primera enseñanza es "el segundo ciclo de la educación infantil -parvulario- y el ciclo inicial de la educación primaria". A partir del ciclo medio "será importante... que incrementen el uso de la otra lengua cooficial... -para- garantizar al final de la escolarización obligatoria el dominio de ambas lenguas" (5.2). Más que avalar la inmersión lingüística en catalán, el Gobierno catalán parecía argumentar contra la inmersión de hecho en castellano, heredada del pasado. Pero esta argumentación era, en pleno año 1994, totalmente retórica: la inmersión obligatoria en catalán ya se había implantado a todo lo ancho y largo de Cataluña.

Ibídem, el Gobierno catalán interpreta la sentencia del TC 6/1982 -derecho a recibir enseñanza en castellano- en el sentido que no obliga a que "toda" la enseñanza sea en castellano, porque entonces el TC hubiera dicho "recibir la enseñanza, ya que ello hubiera sido equivalente a toda la enseñanza"(5.2.1). Entonces, queda claro lo que significa "el catalán es la lengua vehicular" en el artículo 6.1 del Estatut.

Ibídem, para el Gobierno catalán, que el catalán sea lengua de uso normal en la enseñanza "no significa, como es obvio, que haya de utilizarse como lengua única: no se ha tratado de sustituir el uso de una lengua por otra, sino solo de afirmar la oportunidad del uso del catalán" (5.4). El "como es obvio" está en el original. En la práctica, las obviedades ya sabemos en qué han ido a parar. Por si alguien lo duda, en el párrafo anterior se pregunta: "¿El legislador catalán ha relegado el castellano como una lengua accesoria en el ámbito escolar? La respuesta es no, evidentemente no. Entenderlo de otro modo sería atribuir al Parlamento catalán una clara desconsideración hacia la lengua que es común de todos los españoles..." O sea que la práctica escolar actual y el artículo 6.1 del Estatut, que evidentemente sí han relegado el castellano como lengua accesoria -y yo aún diría que menos que accesoria- muestran una clara desconsideración hacia la lengua común de todos los españoles...

El catalán, ¿es una causa reaccionaria?

Jesús Royo en La Voz Libre.


Hace veinte años, la lucha por el catalán era una causa progresista, ya que servía para romper los guetos del cinturón industrial. El catalán había sido objeto de la represión franquista y eso hacía que se lo valorara positivamente.

Era aún 'la lengua del pueblo' y era posible entenderla como 'la lengua del reencuentro'. Yo mismo me sumé a esa lucha y si ahora soy catedrático de catalán es por aquel valor de progreso social que representaba.

Pero ahora las cosas se han invertido espectacularmente. Ni rastro de la anterior persecución. El catalán ahora es una lengua subvencionada, primada socialmente, con una legitimidad total y exclusiva, con una impunidad intelectual absoluta. En estos veinte años se han escrito en catalán quizá diez veces más páginas que en toda su historia anterior.

Ya no se le puede considerar 'la lengua del pueblo', porque el pueblo catalán habla mayoritariamente en castellano. No es la lengua del mercado, pero es, eso sí, la lengua de las actividades normativas: escuela, iglesia, poder político. Y en buena parte, es la lengua del éxito social: como mínimo, para los ciudadanos de las capas bajas... ¿Es posible que el catalán ahora se haya vuelto socialmente regresivo? ¿Es posible que el lugar de la 'lengua del imperio' -grito que se usaba para hacer callar a la gente- lo ocupe ahora la 'lengua nacional' con una función similar?

Personalmente, he llegado a la dolorosa conclusión de que en el momento actual, el combate por la lengua catalana es reaccionario. Solo la inercia de las percepciones anteriores hace que nos resistamos a admitirlo. El catalán funciona ahora como la ideología oficial del país, y encubre la división entre los que mandan y los que son mandados. O sea, tal como decíamos antes: el capital y el trabajo.

Me hago cruces pensando que esta exclusión del castellano se produce porque es la lengua de los pobres. Si fuese la lengua de los ricos, la lengua de prestigio, todo el mundo la reclamaría. Mejor dicho, todo el mundo la reclamaba cuando lo era. Hablo del siglo XVI al XIX. Y seguramente, los que ahora somos bilingüistas estaríamos pidiendo el catalán en la escuela, como hace treinta años...

Cataluña en fase menor

Valentí Puig en ABC


EN sus horas bajas el nacionalismo catalán siempre recurre a mitificar el pasado o urde un futuro ilusorio antes que afrontar el presente cuando sea lábil y espinoso. Sus transiciones son endógenas, con lo que pierde ósmosis con la nueva configuración social de Cataluña. Por contraste con momentos creativos y tan permeables como fueron la «Renaixença» o el «Noucentisme», el catalanismo se repliega, particulariza aún más sus instintos, simplifica y reduce. Aplíquese el test del punto ciego. Esta es la fase menguante que arrancó en los peldaños finales del pujolismo, tuvo su exótico clímax en el maragallismo y anda ahora en período de requerimientos neurotóxicos.
El grado de sobresaturación es tan elevado y tan acusados los efectos específicos de la recesión económica en Cataluña y las penumbras crecientes de la corrupción que la pasividad y el desapego general son ya apolíticos y próximos a ese rellano ambiguo que algunas veces da pie a la antipolítica. Por ejemplo: Josep Anglada, promotor de las candidaturas municipales antiinmigración en la zona de Vic, está tanteando sus posibilidades autonómicas en el Bajo Llobregat.
Las múltiples dilaciones en la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el «Estatut» tienen un aire premonitorio. Ahora quizás no haya sentencia hasta más allá de las elecciones autonómicas catalanas, previstas para el año que viene y sujetas en estos momentos a un sinfín de especulaciones sobre su posible convocatoria anticipada. El paisaje de fondo es de fatiga, de desgana muscular y de avitaminosis histórico-política.
Sentencia interpretativa o sentencia asertiva: para el caso, será propagada en auditorios con muy escaso público y aprovechada con sesgos de todo tipo por una clase política que no tiene la energía moral suficiente como para anular distancias entre lo que piensa y lo que dice, entre lo que hay que hacer y lo que es impura conveniencia. Ciertamente, muy pocos creyeron de verdad en aquel segundo estatuto. Al final, muy pocos serán también los que para algo confíen en el Tribunal Constitucional. Esas fueron las hechuras del maragallismo que fascinó a Rodríguez Zapatero. Nada menos: reformar la Constitución de 1978 con el conjuro de un segundo estatuto de autonomía veteado de inconstitucionalidad.
Suele ser de tan baja calidad la novela negra escrita en Barcelona que por eso ha sido más aparatoso el contraste con las acusaciones a F_lix Millet o las detenciones en la trama de Santa Coloma de Gramenet. Millet constituía un elemento dinástico del catalanismo, como eslabón con la coralidad fundacional que arranca en 1891 al instituirse el «Orfeo Català» por iniciativa de Lluís Millet y Amadeu Vives. Acabado de construir en 1908, el modernista «Palau de la Música Catalana» sería su sede. De Amadeu Vives, personalidad fascinante que retrató Josep Pla, quedan zarzuelas espléndidas como «Bohemios», «Maruja» y «Doña Francisquita». En la memoria popular y sentimental catalana permanece sobre todo, con versos de Verdaguer, la canción «L´emigrant».
En el caso de Santa Coloma de Gramenet han sido llamativas las detenciones de Lluís Prenafeta y Macià Alavedra, personalidades con notable protagonismo directo en los años-clave del pujolismo aunque los ejes del entramado investigado por la justicia implican de mucho más cerca al entorno del PSC, el gran poder municipal en la Cataluña de hoy. En realidad, poder municipal, autonómico, provincial y mediático, a gran escala y sin mucho espíritu de fineza.
La desnaturalización del capital simbólico del catalanismo cultural y político se inició hace ya tiempo y tanto el caso «Palau de la Música» como la trama de Santa Coloma de Gramenet tienen algo de postrimería, según lo ratifica el intento más bien exangüe de contrarrestarlo una vez más con una reacción victimista. Como se ve de nuevo, el caso es que las élites barcelonesas operan en torno a una especie de «omertá» y no con el fundamento del mérito, lo que facilita las exclusiones sistémicas. Por eso las connotaciones de la corrupción son más densas y nucleares. Unas corrientes subliminales de mucha peculiaridad lo conectan todo con el declive cultural. Como protagonista social, hace tiempo que la burguesía de Pedralbes tan solo es un mito.
Para el socialismo, la complicidad inicial de Rodríguez Zapatero con el pacto del Tinell y el segundo estatuto autonómico ya no es la misma y la tirantez entre PSOE y PSC ha llegado a extremos de confrontación interna. La impresión es que José Montilla ejerce el poder pero sin saber para qué, salvo controlar los desmanes continuos de sus socios del tripartito, autorreproducirse en una política patrimonial y pretender el control mediático omnímodo.
Artur Mas tiene un liderato a medio plazo, con el contrapeso de Duran Lleida en «Unió». CiU está queriendo recuperar o asimilar voto soberanista incluso a costa de incitar oposición drástica a una sentencia que recorte un «Estatut» que la propia CiU nunca quiso. Las encuestas electorales favorecen a CiU, mientras que ERC acumula errores tácticos que de tan rudimentarios y pedestres solo se equiparan a su arcaísmo genético y a sus irresponsabilidades históricas. Ahí asoman las exploraciones de Joan Laporta, presidente del Barça, calcadas de una conjunción populista entre Berlusconi y la Liga Norte. Para el PP, su intrahistoria catalana tan accidentada como contradictoria lo hace depender todo de su empuje en toda España, sin atractivos territoriales propios, salvo que, para bien y para mal, su capital político en Cataluña son las siglas, su naturaleza de partido nacional y los éxitos económicos cuando estuvo en el Gobierno, como por ejemplo quedó ratificado en los pactos del Majestic. En el mejor de los casos, a Mariano Rajoy puede corresponderle una tarea pactista de bordadura ímproba, casi ya en la hora veinticinco.
La epidemia de consultas independentistas iniciada en Arenys de Munt llega en diciembre a unos ciento cincuenta municipios, aunque es un conjunto de escasa dimensión demográfica. El ayuntamiento de Gerona también ha aprobado la consulta, con la abstención del PSC, en el poder desde hace tiempo infinito. Son consultas que no aportarán racionalidad alguna a lo que es la vida pública catalana, sino más bien sensaciones de un desvencijamiento ya antiguo que se suman al adanismo abrupto de esas nuevas generaciones que han crecido en las aulas de la inmersión lingüística y de unos manuales de historia ajenos a la realidad de España.
Para usar un símil pictórico, la política en Cataluña ha perdido mucha perspectiva. Jordi Pujol habla de desencanto, de desprestigio, de pérdida de autoestima. Sí, todo eso y más. Perspectiva y forma simbólica: llegaron a ser lo mismo. Los personajes andan como perdidos en el espacio figurativo de la política catalana. Lo grave es el desconcierto de la ciudadanía, una ciudadanía multidimensional, tan mal representada por una política que sólo existe en dos dimensiones. Ya se sabe que, en el estudio de la perspectiva, las líneas rectas resultaron ser curvas.

Mejoras

Ángel de la Fuente en El Periódico de Catalunya


Termino, al menos por el momento, mis comentarios sobre el nuevo sistema de financiación regional reseñando los aspectos más positivos del nuevo acuerdo. El primero es que la distribución de los nuevos recursos que el Estado inyectará en el sistema, aun no siendo la ideal, mejorará significativamente la equidad del reparto de la financiación entre comunidades autónomas. Si damos por bueno el cálculo de las necesidades de gasto regional que introduce el nuevo sistema en base a los principales determinantes del coste de los servicios de titularidad autonómica (que, en términos generales es muy razonable), lo más equitativo sería que la financiación por unidad de necesidad fuese la misma en todas las regiones. No se llega a tanto (aunque se podría, al mismo coste y sin que nadie pierda en relación al sistema antiguo), pero se avanza bastante en esa dirección.
Según mis cálculos, la dispersión de la financiación por unidad de necesidad en el 2009 será inferior en un tercio con el nuevo sistema de lo que lo habría sido con el antiguo, lo que no es moco de pavo dada la enorme inercia del sistema.
El segundo es que la creación del Fondo de Garantía introduce en el nuevo modelo un mecanismo de reparto de riesgos que permite a las comunidades autónomas asegurarse mutuamente contra posibles shocks que puedan afectar negativamente a sus ingresos o a sus necesidades de gasto.
A diferencia de lo que ocurría en el modelo anterior, en el nuevo un 75% de los ingresos tributarios autonómicos, aumentados con una aportación del Estado, van a una cesta común que se reparte cada año en proporción a las necesidades de gasto. Es cierto que hay otros elementos del sistema que alejan la asignación inicial de la igualdad que sería óptima. Pero al menos la cosa debería funcionar bien en el margen. Por ejemplo, una comunidad cuyos ingresos tributarios crezcan por debajo de la media verá reducido a una cuarta parte la magnitud del problema. De esta forma, resultará mucho menos probable que la brecha entre necesidades de gasto y financiación se amplíe dramáticamente con el paso del tiempo, como ha sucedido en algunos casos con el sistema actual.

Se es o no se es: no mucho o poco

Jesús Royo en La Voz Libre.

Me ha salido un título así, enigmático y poético. Es todo un endecasílabo, el verso más acendrado de la poesía moderna occidental -en catalán, decasíl·lab-. Pero el tema es de lo más rastrero: se trata de la identidad, del ser español, catalán, francés o lo que sea. ¿Hay alguna identidad más allá de la del DNI? ¿Se puede ser más o menos español?

No me gusta eso de ser 'más' español. Se es o no se es, y punto. Es como estar embarazada: se está o no se está. No se puede estar 'un poco embarazada'. ¿Se imaginan que Pepita esté más embarazada que Manolita? Pues lo mismo con la ciudadanía administrativa: o eres español, o no lo eres, y no cabe serlo mucho ni poco. Ser español es estar apuntado en una lista que te da unas ventajas y unas obligaciones, y basta. No es ni un orgullo, ni un sentimiento, ni un privilegio, como se lee en tantas pegatinas de parabrisas: 'soy español, casi ná', y cosas así. Todo eso son chorradas nacionalistas. Habrá quien se corra de gusto por ser español, pero eso ya entra de lleno en la patología. Cada uno alimenta sus propios vicios secretos, qué se le va a hacer... Allá cada cual. Si usted cree que ser español es una gloria -o la peor de las desgracias, hay quien lo usa para insultar-, pues bueno, que le aproveche...

Hablar de más o menos español supone que 'español' es una cualidad continua, como frío o caliente, y no una cualidad discreta, como encendido y apagado, on y off. Se es ciudadano o no se es. Es decir, se tienen derechos o no se tienen. Por 'muy español' que seas o que te sientas, tienes los mismos derechos que cualquier otro. Entender 'español' como una cosa continua supone que hay un perfil ideal, el 'español 10', al que cada uno se acerca más o menos. Si tienes un 7 eres muy español, con un 5 eres tibio y con un 3 eres poco español. Si sacas un 10 es que eres 'Manolo, el del bombo'.

Habría características más españolas que otras. Divirtámonos un rato: ser blanco es más español que ser negro. Hablar castellano lo es más que hablar catalán, gallego o vasco. Los toros lo son más que el fútbol, el flamenco más que el rock, la zarzuela más que la ópera. Vibrar con la selección, 'La Roja', sentir un pellizco en las entrañas cuando ondea la bandera y suena el himno, eso ya es de notable para arriba. Y si encima ves a los extranjeros como seres ridículos, guiris atolondrados y sin ingenio, entonces ya bordeas el sobresaliente. Eso de despreciar al extranjero es consustancial al patriotismo. Los peores extranjeros son los más vecinos: los gabachos, a los que dimos paliza en 1808, y los moros, que nos costó, pero tras ocho siglos pudimos devolverlos al África en 1492. Ah, y la religión: somos católicos a machamartillo. Santiago y el Pilar. ¡Oh!

Para mí, todo eso son juguetitos para gente infantilizada, que no tiene suficiente con ser ellos mismos y necesita un refuerzo. Es que si a un patriota le quitas el ser español, pobrecito: ¿en qué se queda? Hay que desprestigiar el patriotismo. Los patriotas son idiotas, en griego. ¡Ah, los griegos! -Por cierto, grandes patriotas: despreciaban a los bárbaros por no saber hablar-.

Pax catalana

La opinión de Juan Antonio Cordero.

Pese a los esfuerzos de algunos sectores del establishment catalanista por desplazar el foco mediático hacia la heroica campaña de mini-referéndums separatistas (entre otras diversiones), la atención de los ciudadanos permanece centrada en los casos de corrupción que están saliendo a la luz, y que casualmente están todos relacionados con ese mismo establishment. Tan notables son los casos, y tan profundo su impacto en la opinión pública, que los escándalos ha trascendido ya los límites regionales y nacionales. El pasado día 3 de noviembre, era el prestigioso diario francés Le Monde quien publicaba un lúcido cuadro sobre la decadencia de la marca Barcelona y el contexto en que ésta se produce, marcado por la desconfianza creciente de la sociedad hacia los políticos en Cataluña, alentada a su vez por la aparición de diversos asuntos de corrupción en círculos muy VIPs de la política catalana. El autor del artículo, Jean-Jacques Bozonnet, yerra tan sólo el tiro en el último párrafo de su crónica, cuando presenta los casos de corrupción en Cataluña como la continuación de los recientes escándalos surgidos en el resto de España y la ruptura del llamado “oasis catalán”.

Ciertamente, el caso Orfeó Català – Palau de la Música y la Operación Pretoria desplegada por el juez Baltasar Garzón aparecen justo después del estallido del caso Gürtel, que afecta fundamentalmente a las administraciones regionales de Valencia y Madrid, gestionadas por el Partido Popular. Pero no hay continuidad entre lo uno y lo otro. La corrupción “transversal” denunciada en Cataluña, ocurrida al amparo de las opacas redes de influencia tejidas por el Partit dels Socialistes de Catalunya y los nacionalistas de Convergència i Unió, tiene raíces más antiguas y más profundas que la trama Correa, y forma parte nuclear del subsistema político catalán. Esto es así porque sus bases, que como la de Correa (y otros casos famosos en la historia española), las redes clientelares construidas en torno a aparatos políticos enquistados en las Administraciones Públicas, han sido en Cataluña mucho más longevas que en otras regiones españolas (no todas). Está estrechamente vinculada con una cultura política basada en la repartición tácita del poder político en Cataluña que durante largos años cedió el poder autonómico a los convergentes que reinaron sin alternativa hasta 2003; y el poder local (las grandes ciudades y, en particular, Barcelona y su cinturón metropolitano) al PSC y aliados desde las primeras elecciones municipales, en 1979. Las miserias del sistema dual construido en torno a estos dos pilares desde tiempos inmemoriales es lo que aparece ahora a la luz, perfectamente simbolizado en las figuras de Fèlix Millet, Lluís Prenafeta, Macià Alavedra o Bartomeu Muñoz: Millet (hijo), cuyo apellido le convirtió en un ser prácticamente intocable en los círculos más exclusivos del catalanismo (socialista, independentista, convergente o conservador) y de sus innumerables ramificaciones políticas, económicas y de eso que humorísticamente llaman “sociedad civil”; Prenafreta (“¿te das cuenta, Lluís, que en estos momento la Generalitat somos tú y yo?”, es difícil describir con mayor precisión la centralidad del personaje y su poder en la sala de máquinas del pujolismo que con las palabras que le dirigió Jordi Pujol); el exconsejero de Economía Alavedra, otro venerable histórico del catalanismo convergente y actual referente de la Fundació Catalunya Oberta (la ideóloga de la marea de mini-referéndums separatistas que se cierne sobre Cataluña); y Bartomeu Muñoz, protegido y sucesor de la presidenta del grupo parlamentario del PSC y buen representante de la segunda generación del aparato del PSC, la que viene a suceder a “capitanes” como Montilla, De Madre y Corbacho en sus pétreos feudos municipales, tras el paso de éstos a la liga autonómica o nacional: sería complicado encontrar perfiles más representativos del establishment que ha manejado Cataluña en los últimos treinta años.

Es esta connivencia implícita entre socialistas y convergentes, esta especie de Tratado de Tordesillas nunca explicitado entre los dos grandes partidos políticos catalanes, la que late bajo los casos de corrupción detectados ahora por la justicia. Así lo indican, además, diversas declaraciones de algunos de los máximos responsables políticos de ambas formaciones. Las palabras pronunciadas por Pasqual Maragall, expresidentes de la Generalidad, durante el debate parlamentario del Carmelo, “ustedes [por CiU] tienen un problema y ese problema se llama 3%” son suficientemente expresivas, como lo fue también el vergonzoso telón caído sobre ellas en forma de balbuceante retracto. Pero también lo son las amenazas proferidas más recientemente por Jordi Pujol, también expresidente regional, y por Agustí Colomines, presidente de la fundación nacionalista Trias Fargas (receptora de fondos del Palau ilegalmente desviados por Fèlix Millet), advirtiendo sobre lo mucho que podrían sufrir otros partidos (en alusión al PSC) si ellos se dedicaban a “tirar de la manta” de la financiación ilegal. Los tres responsables, entre los cuales se encuentran, hay que repetirlo, ni más ni menos que los dos presidentes electos vivos de la Generalidad democrática, han certificado así lo que era vox populi en Cataluña: la existencia de un pacto de silencio entre los poderes fácticos catalanes para mantener fuera de la luz pública las entrañas menos gloriosas de la construcción “nacional” y autonómica desarrollada por la sociovergencia en estos treinta años. Los tres responsables han descorrido el velo, siquiera momentáneamente, pero no para reclamar que se investigue todo lo que deba investigarse; sino precisamente para evitar que alguien se atreva a hacerlo. Es sorprendente –de esas sorpresas sólo aparentes, como la que ha querido impostar la Cataluña oficial tras las detenciones de Alavedra, Prenafreta y Muñoz– que cada una de estas declaraciones se hayan disuelto en el paisaje una vez hechas, como el exabrupto que rompe momentáneamente la dulce placidez de la sociedad benestant, y que todo el mundo simula no haber oído conteniendo el sonrojo; en lugar de ser pistoletazos de salida de una investigación seria y sin concesiones, cada vez más urgente, para ver hasta dónde llega la “manta” y hasta dónde el “problema” al que se refirieron, en un momento de enajenación, enojo o lucidez, según se mire, nuestros ilustres próceres.

Los escándalos de corrupción en Cataluña, ya sea el caso Millet-Orfeó Català-Palau de la Música que toca básicamente a entornos nacionalistas, ya sea la Operación Pretoria por la que se ha detenido a antiguos responsables nacionalistas y, por el momento, a un alcalde socialista, sea el misterioso 3% mentado por Maragall, todo esto no rompe en medida alguna el llamado “oasis catalán”. El drama de Cataluña es que se trata justamente de lo contrario: estos casos muestran la dinámica profunda, constitutiva, de esta impostada pax catalana que durante años ha escondido con un envoltorio de seny autocelebrado y consenso patriótico-catalanista una red de corrupción sistemática de la que sólo estamos viendo el principio, y probablemente nunca veamos el fondo. El hecho diferencial catalán, su exquisita y civilizada altura democrática, corren el riesgo de verse reducidos al truco más viejo de los caciques en decadencia, que venden sus desmanes como servicios a la patria (o cualquier otro principio más elevado que ellos) y pretenden que no sólo lo toleremos sin rechistar, sino que además les agradezcamos el desvelo.

¿Es corrupción o simplemente buena formación?

Tras ver como cargos del PSC vistan Soto del Real, podríamos decir que estamos ante un claro caso de corrupción. Pero si sabemos que el secretario de formación del PSC es Josep Maria Sala y recordamos que pasó una temporadita en Can Brians por el asunto Filesa, podríamos afirmar que no es corrupción sino una buena formación.

La escuela catalana, la peor de España

Jesús Royo en La Voz Libre.

Soy profesor veterano, lo cual quiere decir que en mi vida docente he pasado del séptimo cielo -la escuela pública de los años 80- al infierno de Dante. Cataluña era punta de lanza en didáctica y exportábamos pedagogía al resto de España.

Recuerdo aquellas 'escoles d'Estiu' de Rosa Sensat de la Transición, a las que acudían muchos maestros de La Rioja, de Aragón, de Valencia, de Madrid, con verdadera sed de ponerse al día, de cambiar su práctica docente de arriba abajo. Los institutos públicos eran de alta calidad, recuerdo que lo eran tanto, que se empezaron a vaciar las escuelas privadas de gran raigambre en Cataluña. Se temía que la escuela privada -la religiosa, la de las élites- fuera a desaparecer. ¡Aquellos COU en que, por ejemplo en Latín, se traducían poetas clásicos como nunca después se ha vuelto a ver, ni siquiera a niveles universitarios!

Y ahora, ya ven. La Fundación Bofill, a la que honra su amor a la verdad antes que a la conveniencia política -lo cual es de agradecer, dado los tiempos que corren-, sacó en su momento un informe demoledor: la idílica escuela catalana ya no se podía asociar a escuela de calidad. La imagen novecentista de orden y excelencia había desaparecido como un azucarillo. De repente nos dimos de bruces con la cruda realidad: la escuela catalana es mala, violenta y cutre. Es la peor de la escuela española, que a su vez es la peor de Europa. Cataluña en la cola: un fracaso en toda la regla.

Tengo mi interpretación: en los veinte años largos del mandato de Pujol sólo importaba que la escuela fuese en catalán, aunque fuera a costa de la calidad. Antes catalana que buena: ésa era la consigna. Se marginó el movimiento pedagógico por su tufo socialista, se denigró a Marta Mata, se promocionó a un perfecto incompetente como Joaquim Arenas , el director de la omnipotente DEC (Delegació d'Ensenyament del Català), un personaje que tiene problemas severos con la sintaxis y cuyo dudoso y único mérito fue la inmersión lingüística, implantada sin ningún miramiento, con un sectarismo digno de los monjes-soldado de Cirilo de Alejandría. Ahora tenemos que los alumnos no saben nada, pero esa nada la saben en catalán. Son maleducados, pero maleducados en catalán.

Sugiero a los de la Fundación Bofill que crucen los datos sobre el fracaso escolar con la variable de lengua materna. Comprobarán en cifras lo que todos vemos a diario: que el fracaso escolar de los castellanohablantes es escandalosamente mayor. Una vergüenza. Hay una evidente correlación entre la catalanización de la escuela y su pérdida de calidad. En mi opición, deberían sacar conclusiones. Pero qué va, ni lo sueñen ustedes. Les propongo una apuesta: ¿a que ninguno de los que mandan -ni de los que mandarán- se plantea ni siquiera la hipótesis de revisar la feroz política lingüística de la escuela? ¿A que si alguien, por ejemplo yo, señala la relación entre inmersión y fracaso escolar será acribillado con la acusación de demagogia?