Mi dignidad

Francesc de Carreras en La Vanguardia.


Doce diarios de Catalunya, entre ellos La Vanguardia, publicaron el jueves un editorial conjunto titulado “La dignidad de Catalunya”. Que unos medios de comunicación se arroguen la defensa de la dignidad de un pueblo creo que excede el papel que les corresponde. Que lo hagan conjuntamente evidencia que el pluralismo ideológico tiene en Catalunya el límite de una identidad colectiva que unos pocos han definido y que no puede ser puesta en cuestión. Que se quiera imponer este límite al mismo Tribunal Constitucional, supone una coacción indebida y un grave quebranto de las reglas de juego del Estado de derecho. Desde hace ya mucho tiempo, algo huele a podrido en la vida política catalana. El aplauso de la clase política al editorial es una sonrojante muestra del papel que ha desempeñado en el asunto.

Yo no pretendo hablar de algo tan misterioso como la dignidad de Catalunya sino, simplemente, de mi dignidad como columnista que está en desacuerdo con lo expresado en el editorial conjunto y quiere exponer las razones de este desacuerdo porque, en otro caso, se sentiría indigno. No acabo de entender muy bien qué es la dignidad, pero entiendo perfectamente qué es la indignidad, tengo claro quiénes son indignos y no quiero ser uno de ellos.

El editorial puede ser examinado desde muchos puntos de vista, optaré por abordarlo desde el derecho constitucional, en el que muestra un déficit lamentable de conciencia democrática. Respecto a hechos objetivos, no es cierto, como dice el editorial, que Catalunya sea definida en el Estatut como nación, ni en el preámbulo ni, menos aún, en el articulado, donde precisamente es definida como nacionalidad en su artículo 1.

Yendo a cuestiones valorativas, es contradictorio decir que les resulta inquietante que el tribunal haya sido empujado –¿por quién?– a actuar como “cuarta cámara”, es decir, como poder legislativo y no como jurisdicción, cuando después se le demanda al tribunal que “decida atendiendo a las circunstancias específicas del asunto”, recordando que el Estatut es “fruto de un doble pacto político” y que “no va a decidir solamente sobre un pleito” sino sobre “la dimensión real del marco de convivencia español”, con alusiones también a que “están en juego” unos misteriosos “pactos profundos” que han hecho posible la actual democracia. Este lenguaje críptico sólo parece pretender que el tribunal incumpla su estricta función de determinar la constitucionalidad de unos preceptos jurídicos y lleve a cabo un juicio político, incumpliendo así con las competencias que tiene asignadas y vulnerando la división de poderes, un principio básico del Estado de derecho.

Si el editorial quiere defender la dignidad de Catalunya, bórrenme de esa Catalunya, yo me apunto a otra distinta en la que espero vivir con dignidad y en la que estoy seguro no me encontraré solo.