sábado, 27 de diciembre de 2008

La que lían por una miserable casilla...


Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía considera “una sentencia histórica” la confirmación por parte del Tribunal Supremo (TS) de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) del 14 de septiembre de 2004, que obliga a la Consejería de Educación de la Generalidad de Cataluña a incluir una casilla preguntando por la lengua a escoger entre las dos oficiales en las preinscripciones escolares para la enseñanza Infantil y Primaria.

Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, ha considerado esta sentencia del TS “histórica porque consolida la doctrina de la libertad lingüística en la Educación española en las CCAA con dos lenguas oficiales”.

“La Generalidad de Cataluña no cumple ni sus propias leyes”

Ciudadanos ha exigido “a los diferentes gobiernos autonómicos”, tras conocer la sentencia, “que cumplan con la Constitución y las sentencias de los tribunales”. En concreto, Rivera ha indicado que esta sentencia demuestra que “la Generalidad de Cataluña no cumple ni sus propias leyes, como ha venido denunciando Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña”, ya que el TS se ha amparado en la Constitución y, también, en la Ley de Política Lingüística de 1999.

El diputado autonómico ha recordado que “Ciudadanos ha exigido, reiteradamente, al presidente del Gobierno de la Generalidad de Cataluña que cumpla la ley, incluyendo la casilla para elegir la lengua oficial vehicular en la enseñanza en las escuelas de Cataluña”, cosa que esta sentencia demuestra que José Montilla no ha ido cumpliendo.

No hay excusa

Rivera ha manifestado que “desde Ciudadanos no se aceptará ninguna excusa para el incumplimiento de la ley y el responsable de que se aplique lo dictado por el TS es el presidente Montilla”, por lo que ha exigido que “respete la Constitución y las sentencias de los tribunales de Justicia”.

Finalmente, Ciudadanos ha felicitado “el trabajo de las asociaciones cívicas de toda España, y en especial las que actúan en CCAA donde se violan los derechos lingüísticos de los ciudadanos”.

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