Contra la ley de castración lingüística

José Domingo en La Voz de Barcelona


Se está debatiendo en el Parlamento de Cataluña la Ley de Consultas Populares. Cuando aprobó este proyecto de Ley el Ejecutivo catalán, el vicepresidente del Gobierno de la Generalidad, Josep-Lluís Carod-Rovira, anunció que esa Ley “da cobertura al derecho a decidir de los catalanes” sobre “todo aquello que afecte a los intereses de la gente”.

Precisaba entonces Carod-Rovira que con esa Ley los catalanes podrán pronunciarse sobre “el trazado de una carretera o la ubicación de un parque eólico”. En esta misma línea, coincidió el consejero Ausàs, también de ERC, en el debate de la totalidad del proyecto de consultas populares al afirmar que la participación en la toma de decisiones es fundamental en democracia. De hecho, se reconoció como uno de los muchos convencidos que son partidarios de dar la palabra a la gente, al pueblo para que pueda decidir que ha de hacer en una materia concreta, de especial trascendencia. El Gobierno catalán es partidario de que los ciudadanos decidan sobre las cuestiones que les afecten directamente.

¿Es creíble este discurso? A la vista de las reticencias que los gobiernos Montilla, Maragall y Pujol han tenido para preguntar a los padres sobre el modelo lingüístico en la educación es evidente que no. Nunca han querido saber y para ello han evitado preguntar a los padres sobre la lengua o lenguas en que quieren escolarizar a sus hijos. Es más, han llegado a incumplir deliberadamente, rozando la tipología penal, las sentencias de los tribunales que les obligaban a incluir unas casillas a través de las cuales los padres pudieran informar a la Administración sobre sus preferencias educativas. Han utilizado la demagogia más absoluta para evitar la pregunta y han llegado a apelar a la posible ruptura de la convivencia si se hacía finalmente.

El próximo 1 de julio el Parlamento aprobará la Ley de Educación de Cataluña. Esta ley se ha ideado precisamente por aquellos que se llenan la boca de participación y democracia y se ha hecho para evitar que los ciudadanos puedan decidir el modelo educativo que desean. Triste contradicción que va a tapar la boca a las generaciones futuras. No nos merecemos un gobierno que no quiera saber lo que muchos padres quieren para sus hijos. A partir de esta Ley el modelo bilingüe o trilingüe en la educación será imposible al igual que también quedará proscrito el derecho de los niños castellanohablantes a ser escolarizados en su lengua materna, el aprendizaje de la lectura y la escritura en la lengua habitual de estos niños estará prohibido.

Los partidarios de la dictadura lingüística en la escuela obtendrán un gran triunfo, la inmersión lingüística y el segregador método de atención individualizada alcanzarán por primera vez en un parlamento español rango de ley. No sé si finalmente el Tribunal Constitucional podrá decir o no que la ley es un instrumento inconstitucional de castración de derechos lingüísticos. En cambio no tengo ninguna duda de que el nuevo artefacto será utilizado para extirpar los pocos espacios de libertad de decisión que contenía la normativa anterior.

Lamentablemente, esta Ley no ha encontrado la contestación popular que el atropello merece. Creo que todavía estamos a tiempo de expresar ante las puertas del Parlamento de Cataluña el próximo miércoles, nuestra oposición a la Ley. Es verano, hace calor, los niños están de colonias, y muchos padres todavía trabajan pero el bien superior, el derecho a una educación competente, correctamente programada y en libertad, merece un esfuerzo de contestación a través de una concentración. Os invito a hacerla.