Es la Administración, y las empresas públicas y privadas que quieren agradarla,la que se empeña en ignorar que en las ciudades catalanas se usa castellano y catalán indistintamente, y que el monolingüismo catalán es prácticamente exclusivo de los pueblos más pequeños -además del mundo político, aldeanizado-. Para los castellanohablantes, toda esta presión negadora es origen de un conjunto objetivo de desventajas y discriminaciones, extendidas a los catalanohablantes que se niegan a plegarse a las exigencias de un régimen entregado a las orgías de la ingeniería social a través de la lengua. Los castellanohablantes sufren la inmersión lingüística de sus hijos en un sistema educativo exclusivamente catalanohablante, y se ven obligados a soportar una evidente inferioridad en las instituciones y servicios públicos que han desterrado su lengua al limbo, devaluada a la condición de lengua oral o inexistente.
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